A través de una carta abierta conjunta, la Pastoral Social, Cáritas y Endepa cuestionaron la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. Alertaron por artículos alarmantes que facilitan la compra de tierras rurales y reservas de agua por parte de extranjeros.
Las tensiones entre las instituciones eclesiásticas y las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo Nacional suelen configurar escenarios de intenso debate público en torno a la administración de los recursos estratégicos y el alcance de las regulaciones estatales sobre el territorio de la provincia de Buenos Aires y el resto del país. Cuando los documentos oficiales de la Iglesia católica abandonan los matices doctrinales para interpelar de forma directa a los representantes parlamentarios, se activa un canal de discusión que trasciende lo estrictamente religioso e impacta de lleno en la agenda política e institucional. Para los portales de noticias enfocados en el seguimiento de la actualidad legislativa y los posicionamientos de los sectores sociales tradicionales, analizar estas advertencias resulta un factor indispensable para medir el pulso del debate parlamentario.
La Iglesia católica argentina cuestionó con dureza el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso bajo el nombre “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada“, al que catalogó abiertamente como una amenaza directa hacia la soberanía del país sobre sus recursos naturales de manera integral. La severa advertencia se formalizó mediante una carta abierta firmada en conjunto por el Área de Ecología Integral de Pastoral Social, la Entidad Nacional de Defensa del Indígena (Endepa) y Cáritas Argentina, la cual fue dirigida formalmente a los legisladores encargados de debatir la controvertida iniciativa en las comisiones. El documento de las entidades eclesiásticas señala de forma taxativa que la propuesta oficial atenta contra la soberanía de la tierra, de los alimentos, de los bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse, identificando artículos concretos que representan serios riesgos para el patrimonio de los argentinos. El punto que genera mayor alarma en el plano político es la eliminación de las restricciones vigentes para que personas físicas o empresas extranjeras adquieran tierras rurales libres de topes, incluyendo aquellas vinculadas a reservas de agua, igualando a los inversores foráneos con los nacionales salvo que se trate de Estados extranjeros o firmas estatales.
Las próximas jornadas en el Congreso de la Nación estarán marcadas por la recepción de los distintos sectores civiles que buscan fijar posición antes de que el proyecto avance hacia el recinto. Los operadores parlamentarios evalúan el peso de este pronunciamiento clerical sobre los bloques aliados que mantienen un electorado tradicionalmente cercano a los posicionamientos de la Iglesia.
