La Cámara Civil declaró nula la designación de veedores que había ordenado el Ministerio de Justicia en la entidad de Claudio «Chiqui» Tapia. Con este fallo, la fiscalización de la entidad máxima del fútbol pasa de la órbita porteña a la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense.
Las disputas judiciales por el control institucional y la fiscalización de las grandes entidades civiles y deportivas del país representan capítulos de alta tensión política que reconfiguran de manera inmediata los límites de la autonomía institucional frente al poder administrador del Estado. Cuando los tribunales nacionales convalidan los traslados de domicilio social hacia territorio provincial, se produce un fuerte reordenamiento en las competencias de los organismos de control, restándole herramientas de intervención directa a las dependencias con sede exclusiva en la Capital Federal. Para las plataformas de comunicación digital abocadas al análisis pormenorizado de las causas de fuerte impacto institucional y el pulso político del conurbano, desglosar este cambio de jurisdicción resulta un factor fundamental para analizar el nuevo mapa de poder de la provincia.
La Cámara Nacional en lo Civil dictó un fallo de enorme trascendencia política y deportiva al resolver a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), convalidando de forma definitiva el traslado de su sede social a la localidad de Pilar y declarando la nulidad absoluta de la resolución del Ministerio de Justicia que pretendía designar veedores dentro de la estructura conducida por Claudio “Chiqui” Tapia. La entidad del fútbol local había acudido a los tribunales ordinarios para rechazar de plano la intervención de funcionarios externos promovida originalmente por la Inspección General de Justicia (IGJ), argumentando que las acusaciones de supuestas irregularidades administrativas constituían una medida ilegítima impulsada con una clara finalidad política ajena a la normativa legal vigente. A partir de este pronunciamiento de la Cámara, se dispuso la cancelación inmediata de la inscripción de la AFA en el Registro Público de la Ciudad de Buenos Aires, determinando que todas las facultades de fiscalización y el control de legalidad queden ahora bajo la órbita de la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense. Los magistrados ratificaron que la mudanza resuelta formalmente en la asamblea del año 2024 consolidó la competencia de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, dejando a la conducción del fútbol argentino fuera de la influencia de la IGJ porteña que encabeza Juan Bautista Mahiques.
La resolución del tribunal de alzada le otorga un blindaje legal clave a la conducción de la calle Viamonte justo en medio de los duros cruces que mantiene con los sectores que promueven el desembarco de capitales privados en los clubes. En los pasillos de los tribunales de la provincia se interpreta que este movimiento asienta un precedente jurídico robusto frente a futuros intentos de intervención gubernamental sobre asociaciones civiles de alcance nacional.
