El Episcopado exige respuestas a la gestión de Javier Milei por el impacto social del ajuste, mientras la Casa Rosada coordina la logística para la llegada del Sumo Pontífice prevista para noviembre.
La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina, programada del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre, abrió un escenario de dualidad en el Gobierno: mientras se celebra institucionalmente el acontecimiento como un factor de unidad y coordinación con la Iglesia, persiste la incomodidad ante los duros cuestionamientos episcopales por el costo social de las políticas económicas.
Si bien la Oficina del Presidente agradeció la aceptación de la invitación cursada a Su Santidad —buscando consolidar un nuevo vínculo tras las tensiones iniciales con el ex pontífice Francisco—, los encuentros mantenidos entre la administración libertaria y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se han limitado estrictamente al plano logístico y de seguridad. La Iglesia mantiene firme su postura crítica y exige medidas urgentes de protección para los sectores más vulnerables frente al severo ajuste.
Entre los principales reclamos planteados por el Episcopado figuran el agravamiento de la situación laboral, las dificultades habitacionales y financieras de los hogares, y la crisis que atraviesan las personas con discapacidad. Monseñor Marcelo Colombo advirtió sobre la elevada morosidad que ahoga a las familias y reclamó una mirada activa del Estado, señalando que no se puede adoptar una postura indiferente. En la misma línea, los obispos alertaron sobre el impacto recesivo en el empleo formal e informal, advirtiendo que los despidos estatales y la paralización de la obra pública y las changas han empujado a numerosos sectores a la indigencia, sumado al drama de los jubilados que deben optar entre alimentarse o comprar medicamentos frente al deterioro de sus haberes.
Una visita histórica que pondrá bajo la lupa la tensión entre el pragmatismo institucional y la agenda social que enarbola la Iglesia Católica en el país.
