Mientras el Gobierno fije como condición irrenunciable el superávit fiscal y ofrece $7,3 billones, el Consejo Interuniversitario exige más de $11 billones para garantizar el funcionamiento. El Ejecutivo descarta un acuerdo global e insiste en negociar unidad por unidad.
La confrontación entre el Gobierno nacional y el sistema universitario ingresó en una fase crítica tras confirmarse la negativa del Poder Ejecutivo a abrir una mesa de diálogo unificada, trasladando la discusión de la partida de $11 billones solicitada por el sector directamente al ámbito legislativo dentro del proyecto del Presupuesto 2027.
Luego de la quinta Marcha Federal Universitaria, la administración central mantuvo firme su estrategia de desestimar el reclamo unificado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), calificando la protesta de «marcha política» y centrando la atención en los incidentes ocurridos al cierre de la manifestación. Desde la Casa Rosada enfatizaron que el techo presupuestario asignado asciende a $7,3 billones, un monto condicionado por la premisa de mantener el equilibrio fiscal sin margen para ampliaciones sin contrapartida.
En este contexto, la cartera de Capital Humano comenzó a implementar una estrategia de negociación «uno por uno» con autoridades de casas de estudio dispuestas a entablar acuerdos individuales. Por su parte, los rectores advirtieron que la brecha económica compromete severamente la sostenibilidad financiera para el próximo ciclo lectivo de no alcanzarse un consenso en la Cámara de Diputados con los bloques provinciales y aliados.
Puntos clave del conflicto presupuestario:
- Diferencia técnica: Una brecha de casi $4 billones entre el proyecto oficial ($7,3B) y lo solicitado por el CIN ($11B+).
- Estrategia oficial: Desarticular la interlocución del CIN y entablar tratativas individuales por universidad.
- Filtro parlamentario: El oficialismo supedita la asignación final al debate del Presupuesto 2027 en Diputados.
- Escenario lectivo: Rectores alertan sobre el riesgo operativo del sistema público si se mantiene el recorte proyectado.
El desenlace de la pulseada dependerá de la capacidad de negociación del oficialismo para articular apoyos parlamentarios sin romper la pauta de gasto estipulada para el próximo año.
