La Casa Rosada busca que Diputados trate el proyecto el 18 de noviembre y negocia apoyos para aprobar un nuevo régimen de sanciones contra las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas. El 28 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronunciará sobre el pedido argentino contra el proyecto petrolero Sea Lion.
El Gobierno nacional busca acelerar el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para avanzar con su aprobación antes del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, previsto para el próximo 28 de noviembre. La iniciativa apunta a ampliar las herramientas legales para sancionar a empresas y personas vinculadas con actividades de exploración y explotación de recursos naturales en los espacios marítimos correspondientes a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.
En la Casa Rosada consideran que contar con un nuevo marco normativo permitiría incrementar la presión jurídica y económica sobre las compañías que participan del desarrollo hidrocarburífero en la zona, particularmente aquellas vinculadas con el proyecto Sea Lion.
La Cámara de Diputados tiene previsto tratar la iniciativa el 18 de noviembre. Para conseguir los votos necesarios, La Libertad Avanza evalúa impulsar una votación por capítulos, con el objetivo de separar las disposiciones relacionadas con las sanciones por explotación de recursos naturales de otros artículos que generan diferencias con los bloques opositores y aliados.
La estrategia oficial busca conseguir una aprobación parcial de los sectores que acompañan el reclamo argentino sobre Malvinas, incluso si mantienen objeciones sobre otros aspectos del proyecto. De todas formas, una eventual aprobación en Diputados no alcanzaría para convertir la iniciativa en ley, ya que también deberá obtener el respaldo del Senado.
Qué establece el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
La iniciativa propone reemplazar y ampliar el esquema de sanciones establecido por la Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.
El nuevo régimen contempla sanciones para empresas, personas y proveedores que participen en actividades de aprovechamiento de recursos naturales sin autorización argentina en los espacios marítimos e insulares vinculados con la controversia de soberanía.
Entre las herramientas previstas se encuentran multas económicas, inhabilitaciones, restricciones para contratar con organismos públicos y sanciones penales para determinadas conductas.
El proyecto también incorpora mecanismos de desistimiento y regularización destinados a quienes abandonen las actividades consideradas ilegítimas por el Estado argentino.
Uno de los cambios centrales es la ampliación del alcance de las responsabilidades, que ya no quedarían limitadas exclusivamente a las empresas operadoras, sino que podrían alcanzar a otros actores económicos involucrados en los emprendimientos.
Sin embargo, estas disposiciones todavía forman parte de una iniciativa legislativa y su aplicación dependerá del texto definitivo que apruebe el Congreso.
Las diferencias políticas que complican el tratamiento
Aunque el proyecto cuenta con dictamen de mayoría desde fines de octubre, el oficialismo todavía enfrenta dificultades para cerrar un acuerdo parlamentario.
El principal punto de conflicto es el Título VII, que incorpora modificaciones penales y electorales relacionadas con la injerencia extranjera. Distintos sectores dialoguistas cuestionan el alcance de esas disposiciones y advierten sobre sus posibles consecuencias para la libertad de expresión y la actividad política.
Entre las alternativas que se discuten aparecen la eliminación de ese apartado, modificaciones en su redacción o la posibilidad de tratarlo por separado.
La Libertad Avanza busca evitar que esas diferencias bloqueen la aprobación del régimen sancionatorio vinculado con Malvinas. Por ese motivo, la votación por capítulos aparece como una alternativa para conseguir acuerdos específicos.
El oficialismo también contempla la posibilidad de sumar respaldos del peronismo para los artículos relacionados con la protección de los recursos naturales, aunque no existe un acuerdo confirmado con Unión por la Patria.
El Tribunal del Mar se pronunciará el 28 de noviembre
En paralelo a la discusión legislativa, la Argentina espera una resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.
Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre, luego de que el país solicitara medidas provisionales para frenar las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación argentina busca impedir el avance de determinadas actividades de explotación hidrocarburífera, restringir el uso de información obtenida durante las tareas de exploración y evitar nuevas autorizaciones que puedan agravar la controversia.
La delegación nacional sostuvo que la continuidad de las operaciones podría generar perjuicios sobre los recursos naturales y afectar los derechos argentinos sobre la plataforma continental.
Por su parte, el Reino Unido cuestionó los argumentos presentados por la Argentina y pidió que se rechacen las medidas solicitadas, al plantear objeciones sobre la competencia del tribunal y la existencia de una situación de urgencia.
La decisión prevista para el 28 de noviembre estará limitada al pedido de medidas provisionales. No resolverá la cuestión de soberanía sobre las islas ni pondrá necesariamente fin al procedimiento arbitral iniciado por la Argentina.
Sea Lion: las empresas que impulsan la explotación petrolera
El proyecto Sea Lion está impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que proyectan avanzar con nuevas perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028.
La Argentina cuestiona estas actividades porque considera que se desarrollan sin autorización nacional en un territorio marítimo sujeto a la disputa de soberanía con el Reino Unido.
Durante las audiencias internacionales, la representación argentina planteó que el avance de la explotación podría provocar daños difíciles de revertir antes de que el tribunal arbitral pueda resolver la controversia de fondo.
Las empresas involucradas, por su parte, mantienen sus planes de desarrollo del proyecto, cuya continuidad constituye uno de los principales puntos de conflicto entre ambos países.
Qué puede pasar después del fallo
En el Gobierno contemplan tres escenarios para el pronunciamiento del Tribunal del Mar: una resolución favorable a las medidas solicitadas por la Argentina, la concesión de algunas de ellas o el rechazo del pedido.
Una eventual decisión adversa no implicaría necesariamente el cierre del reclamo internacional. La Argentina inició un procedimiento arbitral bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla la conformación de un tribunal de cinco árbitros para examinar la controversia.
De esta manera, la estrategia oficial combina el reclamo diplomático, las actuaciones administrativas de Cancillería y la búsqueda de nuevas herramientas legislativas para limitar la participación de empresas en actividades hidrocarburíferas cuestionadas.
El desafío inmediato del Gobierno será conseguir los consensos necesarios en el Congreso para avanzar con el proyecto antes del pronunciamiento internacional. La votación del 18 de noviembre y la resolución prevista para el 28 serán dos instancias centrales en el desarrollo de la disputa por los recursos naturales y la soberanía argentina sobre Malvinas.
