La investigación interna y judicial detectó una presunta complicidad de trabajadores del Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatoria Malvinas Argentinas para permitir el paso de estupefacientes bajo la modalidad de «palomas». Videos grabados por los internos y transferencias por billeteras virtuales fueron claves en la causa.
Dos trabajadores de un instituto de detención de menores ubicado en la localidad bonaerense de Pablo Nogués fueron desvinculados de sus cargos y denunciados penalmente tras comprobarse su presunta participación en una red de ingreso ilegal de estupefacientes al establecimiento.
El caso se destapó en el Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatoria Malvinas Argentinas, luego de que las autoridades advirtieran maniobras irregulares vinculadas al ingreso de drogas mediante la modalidad conocida como «paloma», consistente en arrojar paquetes desde el exterior hacia los patios internos. La investigación fue impulsada formalmente por el subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, José Luis Zerillo, tras una serie de irregularidades detectadas en el módulo 2 del centro de alojamiento.
Los agentes acusados fueron identificados como Martín Moreira y Marcos Nahuel Álvarez, quienes cumplían funciones de cuidado en el instituto y terminaron siendo desvinculados de la planta temporaria del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. La causa penal quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N.º 19 del Departamento Judicial de San Martín.
El detonante que visibilizó la operatoria ocurrió cuando un paquete con sustancias prohibidas quedó atrapado en una red de contención instalada recientemente en los patios, lo que desató un enfrentamiento entre los internos y los trabajadores. A partir de allí, trascendieron dos videos grabados por los propios jóvenes en los que increpaban a los empleados por dinero entregado a cambio de drogas que nunca recibieron, mencionando además que contaban con «luz verde» para recibir los envíos. Junto con los testimonios de los adolescentes, estas grabaciones y los rastros de transferencias monetarias pactadas a través de mensajes en TikTok y billeteras virtuales conformaron el eje probatorio que derivó en la denuncia penal y en el traslado preventivo de los jóvenes involucrados a otros centros.
El episodio expone la vulnerabilidad en los controles internos de los centros socioeducativos y abre una investigación exhaustiva sobre las redes de corrupción institucional.
