A través de las resoluciones 483/2026 y 484/2026 publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia formalizó la creación de equipos de trabajo destinados a mejorar la investigación de delitos digitales, coordinar la cooperación internacional y capacitar a operadores judiciales.
El Ministerio de Justicia de la Nación puso en marcha dos nuevos programas orientados a optimizar la persecución penal de los delitos informáticos y a coordinar la aplicación del sistema de responsabilidad para adolescentes en todo el país.
Mediante la Resolución N°483/2026 firmada por el ministro de la cartera, Juan Bautista Mahiques, se creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). La iniciativa, que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal y estará coordinada de forma ad honorem por el asesor Mariano Tomás Rivas, busca abordar desafíos centrales como la preservación y el análisis de prueba digital, la ciberseguridad aplicada a las investigaciones, los activos virtuales y el impacto del desarrollo de la inteligencia artificial y tecnologías emergentes, tanto en su utilización para cometer ilícitos como en su rol dentro de la investigación penal.
El programa contempla la conformación de mesas de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad y el sector privado, además de promover la articulación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital con la Cancillería en el marco del Convenio de Budapest. Con esta medida, el Ejecutivo derogó resoluciones previas de 2016 y 2024 que regulaban el área anterior contra la criminalidad informática.
Por otra parte, a través de la Resolución 484/2026, se oficializó el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, que operará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal para cumplir el rol de autoridad de aplicación de la Ley 27.801. El área quedó a cargo de la coordinadora ad honorem Débora Eliana Di Girolamo, quien tendrá entre sus funciones capacitar a los operadores del fuero, unificar protocolos, producir estadísticas y articular acciones con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno de los ejes operativos principales será la administración del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, acompañado de su respectivo reglamento y un Manual del Supervisor para guiar el acompañamiento a los adolescentes sujetos a medidas judiciales.
La oficialización de ambas estructuras busca dotar de herramientas técnicas y normativas actualizadas a los operadores judiciales frente a los nuevos escenarios delictivos y legales.
