En un giro en la política de infraestructura, la Casa Rosada busca que las jurisdicciones locales gestionen sus propios corredores y sistemas de cobro.
Bajo la premisa de eliminar el financiamiento estatal directo, el Ejecutivo comenzó a negociar la transferencia de trazas nacionales hacia las administraciones provinciales. La medida apunta a que cada distrito estructure concesiones privadas para sostener el mantenimiento vial.
La iniciativa surge desde el Ministerio de Economía como una estrategia para aliviar la carga del Tesoro Nacional. El plan consiste en ceder la titularidad de rutas con alto impacto económico regional, permitiendo que los gobernadores diseñen esquemas de inversión propios. Fuentes oficiales confirmaron diálogos abiertos con diversos mandatarios, aunque los avances varían según la jurisdicción. El objetivo final es que el repago de las obras se realice íntegramente mediante el cobro de peajes locales, vinculando la infraestructura con los sectores productivos de cada zona.
El proyecto marca un precedente en la gestión de la red vial, delegando la responsabilidad de los proyectos de mejora en el criterio y la capacidad de gestión de cada provincia.
