El Ministerio de Justicia espera además una resolución de la Cámara Civil sobre la veeduría en la AFA.
Las tensiones entre el Poder Ejecutivo nacional y las conducciones del fútbol argentino sumaron un nuevo capítulo de disputa institucional. En los despachos de la Inspección General de Justicia (IGJ) analizan los próximos pasos legales tras vencerse los plazos formales para que las entidades presenten las documentaciones requeridas por los veedores estatales.
Fuentes oficiales confirmaron que el margen de acción sobre la Superliga es administrativamente más directo que en el caso de la asociación madre de la calle Viamonte. Mientras que la entidad de Chiqui Tapia cuenta con una apelación judicial en trámite con recurso concedido, la liga de primera división solo manifestó disconformidades que ya fueron rechazadas de plano por las autoridades de control civil.
Los abogados de la escudería oficial esperan emitir los dictámenes definitivos durante las primeras horas de la semana entrante en la región metropolitana.
