19 noviembre, 2026
AJ23RUX6URGWVIFE57QZHFZD5I

El aumento del coste de vida, la crisis de vivienda, los recortes en servicios públicos y las denuncias de corrupción impulsan una ola de movilizaciones en Francia, Albania, Serbia, Italia, Portugal, Bélgica y España. Los conflictos ya dejaron miles de detenidos, cientos de heridos y enfrentamientos que mantienen bajo presión a los gobiernos del continente.

Toques de queda en distintas ciudades de Francia, edificios institucionales alcanzados por el fuego en Tirana, soldados patrullando las calles de Milán y campamentos de protesta en la Puerta del Sol de Madrid. A estas escenas se suman las manifestaciones en Lisboa y unas elecciones en Serbia que podrían modificar el escenario político del país.

Siete países europeos atraviesan al mismo tiempo algunas de las movilizaciones sociales más intensas de los últimos años: Francia, Albania, Serbia, Italia, Portugal, Bélgica y España.

Aunque cada conflicto tiene un detonante particular —la falta de docentes en Francia, un complejo turístico de lujo en la costa albanesa, el derrumbe de una estación ferroviaria en Serbia, los recortes educativos en Italia, la crisis habitacional en Portugal, la reforma de las pensiones en Bélgica y el caso de Maricarmen en España—, todos confluyen en un malestar común por el encarecimiento de la vida, el deterioro de los servicios públicos y, en algunos casos, la corrupción política.

El saldo acumulado supera los 3.100 detenidos y cientos de heridos, según cifras recopiladas por Euronews, Reuters y SBS News.

En España, la tensión también va en aumento. El desahucio y posterior muerte de Maricarmen Abascal, de 87 años, impulsaron una ola de acampadas que comenzó en la Puerta del Sol de Madrid y se extendió a más de diez ciudades, entre ellas Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga.

Las protestas coinciden con otros conflictos: una huelga indefinida en la enseñanza madrileña, paros médicos convocados por bloques en distintas comunidades a partir del 28 de octubre, una huelga general prevista para el 11 de noviembre y un adelanto electoral fijado para el 29 de ese mismo mes.

Francia: más de 2.500 detenidos en medio de una profunda crisis social

Francia atraviesa una de sus mayores crisis sociales de los últimos años. El conflicto comenzó el 17 de septiembre en un instituto de Créteil, cerca de París, cuando los estudiantes iniciaron una huelga para reclamar por la falta de profesores, según informó Le Monde.

Hacia finales de ese mes, la Unión Sindical Liceal extendió los bloqueos a establecimientos de todo el país, con el respaldo posterior de organizaciones universitarias. Entre las principales denuncias aparecen el deterioro de los edificios escolares, la sobrecarga horaria, la falta de personal y el rechazo a Parcoursup, la plataforma de admisión universitaria cuestionada por su falta de transparencia.

El 1 de octubre, las interrupciones ya alcanzaban a 1.027 de los 3.700 institutos franceses, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior citados por Le Figaro.

Las marchas del 6 y el 13 de octubre reunieron entre 266.000 y 480.000 manifestantes, según distintas estimaciones oficiales y sindicales recogidas por Le Monde.

La respuesta policial dejó a varios menores con lesiones graves. En Lens, un adolescente de 15 años perdió una mano por el impacto de una granada de gas, mientras que otro joven de 14 años perdió varios dientes después de recibir directamente el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en París.

El reclamo educativo inicial se amplió hasta incluir una exigencia de inversión de 10.000 millones de euros. En ese contexto, los estudiantes convocaron a agricultores, extrabajadores del movimiento de los chalecos amarillos y activistas climáticos a una movilización masiva el 17 de octubre. Según las cifras del Ministerio del Interior y la CGT, respectivamente, participaron entre 550.000 y 800.000 personas.

Como respuesta a la escalada, el primer ministro Sébastien Lecornu ordenó el 19 de octubre que los prefectos establecieran toques de queda parciales y localizados en al menos 11 ciudades, entre ellas París, Lyon, Niza, Lille y Burdeos.

El balance acumulado de esa jornada y de los días posteriores asciende a 2.500 detenidos, 217 personas encarceladas y casi 1.000 agentes heridos. También se registraron dos muertes en la vía pública en París, atribuidas por las autoridades a un probable malestar. Según la versión oficial, ninguno de los dos casos estuvo relacionado con los episodios violentos ni con una actuación de las fuerzas de seguridad. Las circunstancias de ambos fallecimientos continúan bajo investigación judicial.

Ante una nueva movilización prevista para este sábado 24 de octubre, el presidente Emmanuel Macron convocó el jueves 22 una reunión de emergencia con los servicios de inteligencia. Además, prohibió las manifestaciones no sindicales y aumentó un 20% el despliegue policial respecto del operativo del 17 de octubre.

En medio de la tensión, cuentas afines a La France Insoumise difundieron un video grabado en Metz en el que aparecen dos hombres encapuchados lanzando granadas de humo antes de ser escoltados por la Policía. Desde esos espacios interpretaron las imágenes como una posible infiltración policial para intensificar la violencia. La acusación fue recogida por el medio Le Média en 442, aunque no pudo ser verificada de manera independiente.

Por otro lado, la Inspección General de la Policía Nacional francesa (IGPN) abrió seis investigaciones por presunta violencia policial durante los disturbios del 17 y el 18 de octubre. Entre los episodios investigados figuran los casos de dos adolescentes de 17 años que perdieron una mano y un ojo en Saint-Étienne y Mulhouse, respectivamente.

La intersindical, encabezada por la CGT, confirmó una huelga general para el 5 de noviembre tras considerar insuficiente la respuesta del Gobierno durante una reunión en Matignon. Macron, en tanto, tiene previsto recibir este viernes a representantes de los movimientos estudiantiles para escuchar sus demandas e inquietudes.

Albania: diez días de protestas y enfrentamientos dentro del Parlamento

En Albania, el conflicto comenzó con el rechazo a un proyecto de resort de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno de Donald Trump, previsto para una zona protegida de la costa sur del país. La oposición a la construcción dio origen, a mediados de 2026, al movimiento conocido como Flamingo.

La situación se agravó a mediados de octubre, cuando estudiantes secundarios y universitarios se incorporaron a las movilizaciones con sus propios reclamos: el alto coste de la educación, la falta de inversión estatal en las universidades y la escasez de oportunidades laborales.

Las demandas ambientales y educativas terminaron confluyendo en una denuncia más amplia contra la corrupción gubernamental. Entre los escándalos que alimentan el malestar se encuentran la salida del país de un exviceprimer ministro señalado por desviar contratos de obra pública y el arresto del alcalde de Tirana, Erion Veliaj, acusado de corrupción y lavado de dinero.

Este jueves, las protestas estudiantiles cumplieron diez días consecutivos. Según la Dirección General de Impuestos de Albania, los daños materiales en los comercios de Tirana ya alcanzan los 2,15 millones de euros, con 127 negocios afectados.

Las autoridades contabilizaron más de 300 heridos, más de la mitad integrantes de las fuerzas policiales. El fuego alcanzó parcialmente el Tribunal Supremo, el Ministerio de Educación, el Banco de Albania y varias comisarías.

El Parlamento retomó sus actividades este jueves después de dos semanas de pausa, pero la sesión terminó en un enfrentamiento físico entre legisladores. Hubo gritos y empujones entre las distintas bancadas, además de lanzamiento de agua y documentos contra la mesa directiva.

Mientras continúa la disputa política, los manifestantes convocaron una nueva movilización nacional para este sábado 24 de octubre frente a la sede del Gobierno, bajo la consigna: “Todos a la plaza el sábado”.

Serbia: los estudiantes buscan desplazar al partido que gobierna desde hace más de 14 años

En Serbia, el origen de las protestas se remonta al 1 de noviembre de 2024, cuando el derrumbe de la marquesina de la estación ferroviaria de Novi Sad provocó 16 muertes. La tragedia desató la indignación de un movimiento estudiantil que denunció presuntos hechos de corrupción y negligencia detrás del accidente.

Dos años después, los estudiantes buscan trasladar su protagonismo de las calles a las urnas. Este domingo 25 de octubre, Serbia celebrará elecciones que podrían poner fin a más de 14 años de predominio del Partido Progresista Serbio (SNS). El movimiento se presenta con una candidatura propia, la Student List, también conocida como “Students Win”.

Las movilizaciones comenzaron con bloqueos del tránsito en Novi Sad y Belgrado y terminaron forzando la renuncia del entonces primer ministro Miloš Vučević en enero de 2025. En marzo de ese año, el movimiento organizó la marcha antigubernamental más multitudinaria de una generación, con entre 107.000 participantes, según la Policía, y 325.000, de acuerdo con el Archivo de Reuniones Públicas.

La encuesta más citada, publicada el 20 de octubre por el instituto New Serbian Political Thought (NSPM), ubica a la lista estudiantil en el 44,5% de intención de voto, frente al 42,7% del SNS.

El jueves 22 de octubre, unas 150.000 personas participaron en el acto de cierre de campaña de los estudiantes en la plaza Slavija de Belgrado.

El clima previo a la votación está marcado por denuncias de espionaje. Una investigación de Citizen Lab y la SHARE Foundation reveló que, desde 2026, al menos 14 integrantes del movimiento estudiantil —entre activistas, un diputado y un concejal opositor— fueron vigilados mediante software avanzado. En tres casos se confirmó la infección con Pegasus, un programa de vigilancia israelí. En total, se registraron 23 casos de espionaje digital.

Además, un informe forense citado por Reuters denunció un “patrón sistemático” de brutalidad policial contra manifestantes. El Gobierno niega que exista vigilancia o violencia sistemática, pero el miércoles 21 detuvo a seis personas acusadas de planificar disturbios para las elecciones del domingo.

Italia despliega 500 militares en Milán tras los disturbios

En Italia, el malestar social responde a distintos factores, entre ellos los recortes en educación y el encarecimiento del combustible.

Los disturbios del 17 y el 18 de octubre en Milán dejaron más de 100 agentes heridos, según cifras oficiales citadas por Euronews. Frente a esa situación, el Gobierno de Giorgia Meloni anunció el despliegue de 500 militares en la ciudad hasta finales de año.

En paralelo, el Ejecutivo aprobó un decreto que incorpora el delito de “participación violenta en manifestación”, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros, según información de Reuters.

La norma también establece que los menores de entre 14 y 17 años serán considerados capaces de comprender sus actos. Asimismo, habilita a la Policía a detenerlos preventivamente, incluso sin que hayan cometido un delito, cuando existan indicios de que podrían representar un peligro.

El 16 de octubre, miles de estudiantes ya habían salido a las calles de distintas ciudades italianas bajo la consigna “No Meloni Day”. La convocatoria fue impulsada por el colectivo Osa (Opposizione Studentesca d’Alternativa) para rechazar los recortes en la educación pública y reclamar que los recursos destinados al gasto militar se orienten hacia las escuelas.

A ese escenario se suma una huelga de transportistas motivada por el aumento del precio del combustible. Los bloqueos de carreteras ya generan escasez de productos frescos en el sur del país, según informó Sky TG24.

El Movimiento 17 de Octubre, surgido tras los disturbios de Milán, anunció en redes sociales que mantendrá las movilizaciones todos los sábados “hasta la caída de este Gobierno”.

Portugal: la crisis de vivienda impulsa acampadas y abre la puerta a una huelga ibérica

En Portugal, la crisis habitacional se convirtió en el principal eje de las protestas. El país atraviesa una de las situaciones de acceso a la vivienda más graves de la Unión Europea: los precios aumentaron un 180% entre 2015 y 2025, según Eurostat.

Cientos de personas instalaron campamentos en la plaza del Rossio, en Lisboa. La Policía desmanteló la acampada el martes 20 de octubre y detuvo a 55 manifestantes.

Días antes, una intervención policial en el campamento de Oporto había dejado 37 heridos. Después del desalojo en Lisboa, los manifestantes volvieron a instalar sus tiendas esa misma noche. Sin embargo, durante una nueva asamblea, una votación de 338 participantes resolvió retirarlas nuevamente y pasar la noche al aire libre en la plaza para evitar una segunda intervención.

La decisión se tomó después de que el ministro del Interior, Luís Neves, advirtiera que la Policía actuaría “por anticipación” y afirmara que “las acampadas se han acabado”.

El trasfondo del conflicto es una nueva ley de arrendamientos impulsada por el Gobierno de Luís Montenegro. La reforma flexibiliza las subidas de alquiler y facilita los desahucios. Frente a esa iniciativa, los manifestantes exigen que se retire la normativa, se establezcan límites a los alquileres y se amplíe la oferta de vivienda pública.

Como parte de las medidas de presión, los acampados solicitaron a la CGTP que se sumara a la huelga convocada en España para el 11 de noviembre. El sindicato portugués todavía no se pronunció sobre esa posibilidad y mantiene su propia protesta para el 24 de noviembre.

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, afirmó en una entrevista en Los Desayunos, de RTVE, que los sindicatos portugueses están evaluando la posibilidad de convocar una “huelga general ibérica”.

Los manifestantes también organizaron una marcha para este sábado 24 de octubre en Lisboa y Oporto. Ante el agravamiento de la situación, el presidente António José Seguro convocó a los partidos con representación parlamentaria para el 29 de octubre, un día después de la votación del Presupuesto. La cohesión social será el eje del encuentro.

Bélgica: las protestas llegan a las universidades y habrá otra movilización nacional

La crisis social en Bélgica se remonta a la llegada al poder del nacionalista Bart De Wever, en febrero de 2025, al frente de la coalición conocida como Arizona.

El plan de ajuste de su Gobierno contempla un recorte de 10.000 millones de euros, con medidas centradas en la reforma del sistema de pensiones, el congelamiento salarial y una mayor flexibilización laboral. La iniciativa desencadenó una ola de huelgas sindicales.

Durante este año, las movilizaciones reunieron entre 80.000 y 100.000 personas en marzo y entre 40.000 y 70.000 en mayo.

La tensión volvió a crecer el 9 de octubre, cuando entre 30.000 y 50.000 manifestantes marcharon en Bruselas bajo la consigna “los ahorros, no de nuestros bolsillos”. La jornada estuvo marcada por enfrentamientos entre jóvenes y policías, más de un centenar de detenidos y actos de vandalismo contra autobuses.

El episodio más violento ocurrió el 17 de octubre, cuando una protesta antifascista derivó en disturbios en Bruselas y Lieja que terminaron con 195 detenidos.

Las movilizaciones también llegaron a los campus universitarios. El 22 de octubre, estudiantes y docentes bloquearon parcialmente la Universidad Libre de Bruselas para rechazar un aumento del 43% en las tasas académicas.

En paralelo, los sindicatos CSC, FGTB y Synova convocaron una nueva manifestación nacional para el 23 de noviembre. La protesta buscará rechazar las medidas presupuestarias que, según las organizaciones sindicales, perjudican a los trabajadores y debilitan los servicios públicos.

Europa enfrenta un fin de semana decisivo para sus conflictos sociales

Los próximos días podrían marcar un nuevo punto de inflexión en varios de los países afectados.

En Francia, la movilización prevista para el sábado 24 de octubre pondrá a prueba el operativo policial reforzado por Macron y la prohibición de manifestaciones no sindicales. Mientras tanto, la intersindical ya prepara la huelga general del 5 de noviembre.

En Albania, los manifestantes convocaron una nueva concentración nacional frente a la sede del Gobierno bajo la consigna “Todos a la plaza el sábado”, en un contexto marcado por los daños materiales, los heridos y los enfrentamientos registrados en el Parlamento.

En Serbia, los resultados de las elecciones del domingo 25 permitirán conocer si la Student List consigue desplazar al Partido Progresista Serbio, que permanece en el poder desde hace más de 14 años.

Las protestas que atraviesan Francia, Albania, Serbia, Italia, Portugal, Bélgica y España, junto con los más de 3.100 detenidos, exponen la dimensión del malestar social que se extiende por el continente.

El encarecimiento de la vida, las dificultades para acceder a una vivienda, los recortes en servicios públicos y las denuncias de corrupción se encuentran entre los principales factores que impulsan las movilizaciones, en un escenario que pone bajo presión a los gobiernos y cuestiona el funcionamiento del Estado de bienestar y del contrato social europeo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *