El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, sostuvo que la magistrada Laura de Marinis incumplió sus funciones al sobreseer a un menor de 14 años y descartar la normativa vigente. Aseguró que buscan su destitución para evitar que se debilite el sistema de seguridad.
La tensión entre el poder político y la justicia porteña escaló este lunes luego de que el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, ratificara el firme respaldo del Ejecutivo al proceso de enjuiciamiento contra la jueza Laura de Marinis, quien declaró inconstitucional la ley de baja de la edad de imputabilidad.
En declaraciones radiales, el funcionario cuestionó con dureza el fallo dictado por la magistrada tras sobreseer a un menor de 14 años imputado por tentativa de robo, argumentando que la decisión se tomó sin sustento jurídico válido y afectando el esfuerzo legislativo y ejecutivo. «La jueza declaró inconstitucional la ley para un caso puntual, sin argumentos. Yo espero que el jurado de enjuiciamiento entienda que hay un serio incumplimiento de sus funciones y que sea destituida», sentenció Tapia.
El titular de la cartera de Justicia aclaró que la solicitud de jury presentada ante el Consejo de la Magistratura de la CABA busca imponer sanciones que van desde el apercibimiento y la suspensión hasta la destitución por mal desempeño, descartando que se trate de un hostigamiento contra el Poder Judicial. «Trabajamos en el cumplimiento de la ley, y que quien no la cumpla tenga consecuencias. La baja de la edad de imputabilidad representa que a partir de los 14 años, los menores que cometan delitos serán juzgados por eso», enfatizó.
Asimismo, Tapia advirtió sobre el impacto operativo que este tipo de resoluciones genera en las calles, señalando que «no hay sistema de seguridad que aguante» si los sospechosos son liberados inmediatamente tras ser detenidos por las fuerzas policiales, a pesar de la tendencia a la baja en los índices delictivos que registra el distrito. Finalmente, valoró el funcionamiento general del fuero local y ratificó la voluntad de profundizar el traspaso de competencias judiciales desde la Nación para dotar de mayor eficacia al servicio de justicia.
Un debate de alta sensibilidad política y jurídica que pone bajo la lupa los límites de control de constitucionalidad en los fallos de primera instancia sobre minoridad y seguridad urbana.
