La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor abrió un expediente contra la firma de Marcos Galperin por presuntas infracciones a la ley vigente. Si la empresa no modifica las condiciones impuestas a los usuarios, podría afrontar una multa millonaria.
Los términos de contratación de las plataformas digitales más utilizadas del país ingresan en una etapa de severo cuestionamiento institucional. A partir de una fiscalización de oficio sobre las condiciones de uso que aceptan millones de bonaerenses, las autoridades de control detectaron un patrón de ventajas desproporcionadas que vulnerarían de forma directa los derechos básicos de los clientes en materia de transparencia y seguridad financiera.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires inició una investigación formal sobre los contratos de uso de Mercado Libre y Mercado Pago a partir de una denuncia del área de Defensa del Consumidor. Según informaron fuentes del Ministerio de Producción bonaerense, el expediente examina posibles cláusulas abusivas que la empresa impone a sus usuarios en la Argentina. La pesquisa es coordinada por la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor y podría derivar en una sanción económica de hasta $1.800 millones sobre la empresa si no modifica los aspectos observados del contrato.
La compañía legal de la plataforma ya fue notificada de la imputación y dispone de los plazos administrativos de ley para presentar sus descargos formales ante el ministerio.
