Tras los anuncios en cadena nacional, se publicó en el Boletín Oficial la designación de la Cancillería como autoridad de aplicación y la ampliación presupuestaria para el área de Defensa. La próxima semana ingresará la iniciativa legislativa.
El presidente Javier Milei firmó los decretos derivados de los anuncios sobre las Islas Malvinas y avanzará la próxima semana con el envío al Congreso de la Nación de un proyecto integral que endurece las sanciones contra la explotación hidrocarburífera ilegal en el Atlántico Sur.
Las medidas, oficializadas este viernes en el Boletín Oficial, incluyen el Decreto 868/2026, el cual designa a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 e instituye un procedimiento abreviado para investigar y sancionar a quienes operen sin aval argentino en los espacios marítimos australes. La normativa exige además que las empresas que aspiren a obtener beneficios en el RIGI o concesiones petroleras presenten declaraciones juradas donde conste que no participan en actividades prohibidas. En paralelo, mediante el Decreto 867/2026 (DNU), el Ejecutivo reasignó fondos para reforzar los recursos destinados a Defensa, salarios, inteligencia y la CONAE, con el fin central de potenciar el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y optimizar la vigilancia aeroespacial y marítima.
La estrategia oficial se completará la próxima semana con la remisión del proyecto de ley que unificará el endurecimiento punitivo y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. La iniciativa legislativa prevé ampliar el alcance de las sanciones a proveedores e infractores, inhabilitarlos para contratar con el sector público y privado, e incorporar herramientas como el juicio en ausencia, vinculando la defensa de los recursos estratégicos con la proyección antártica.
De este modo, la administración central formaliza el andamiaje jurídico y presupuestario para blindar el reclamo soberano y penalizar la actividad hidrocarburífera no autorizada.
