La oferta por el 90% de la compañía quedó por debajo de las expectativas oficiales y fue comparada con el costo de grandes obras de infraestructura, como el Sistema Riachuelo. Desde la oposición y la Defensoría cuestionan la falta de transparencia, los aportes de campaña y la rentabilidad garantizada para los nuevos dueños.
La privatización del 90% de las acciones de AySA desató un fuerte debate político y económico luego de que se conociera la oferta ganadora de USD 340,2 millones, un monto que quedó sensiblemente por debajo de los USD 450 millones que el Gobierno esperaba recaudar y que multiplicó las denuncias sobre un presunto «remate» de activos estratégicos del Estado.
El monto de la operación quedó en el centro de la escena al ser contrastado con las inversiones que demanda el sector. Para dimensionar la magnitud de la cifra, especialistas e informes sectoriales señalaron que construir apenas dos plantas de tratamiento de agua supera el valor abonado por toda la compañía. Como ejemplo, se indicó que el Sistema Riachuelo —que abarca una planta de pretratamiento y un emisario subfluvial— demandó una inversión de USD 1.200 millones, es decir, más de tres veces el valor en el que se tasó el 90% de la empresa encargada del agua y saneamiento en el AMBA.
A la discusión sobre la valuación se sumaron severos cuestionamientos institucionales. El defensor del Pueblo adjunto de la Provincia de Buenos Aires advirtió en una carta abierta sobre la falta de transparencia del proceso, señalando que los usuarios desconocen el pasivo ambiental, la valuación real del paquete accionario y el impacto tarifario futuro, ya que el Data Room permaneció cerrado al público. Asimismo, la adjudicación puso bajo la lupa los vínculos políticos y empresarios del consorcio ganador, vinculado a los hermanos Juan y Patricio Neuss junto a Rowing, y la participación de Mauricio Filiberti (dueño de Transclor y socio en Edenor), lo que configuraría un escenario de cruce comercial sensible dado que AySA es el principal consumidor eléctrico de la distribuidora.
Desde el plano político, el informe también salpicó el financiamiento partidario al señalar que empresas del holding Equo Capital —vinculado a Rowing— realizaron aportes millonarios a la campaña de La Libertad Avanza en 2025, un punto que la Cámara Nacional Electoral deberá auditar. Por último, advirtieron que los nuevos dueños proyectan una recategorización de usuarios por zonas que les garantizaría un flujo de caja extra de USD 93 millones anuales, consolidando una operación rodeada de interrogantes sobre sus beneficios y costos sociales.
Una privatización de alto impacto estratégico que abre un frente de tormenta judicial, político y tarifario de cara al traspaso definitivo de la compañía.
