Una estudiante denunció a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi por un ataque sexual ocurrido durante una fiesta en octubre de 2024. La causa penal no avanzó inicialmente, pero una demanda civil reveló nuevos detalles y reabrió el debate sobre la actuación de la Universidad de Cornell y las autoridades policiales.
La Universidad de Cornell, una de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos, quedó en el centro de una controversia por su respuesta ante una denuncia de violación grupal. Una estudiante que tenía 20 años al momento de los hechos aseguró que fue agredida sexualmente por varios integrantes de la fraternidad Chi Phi durante una fiesta en octubre de 2024.
La joven, identificada como Jane Doe para preservar su identidad, señaló a siete estudiantes. Aunque Cornell llevó adelante una investigación interna y aplicó sanciones disciplinarias, la investigación penal no derivó inicialmente en cargos contra los acusados.
El caso volvió a tomar fuerza en septiembre de 2026, cuando la estudiante presentó una demanda civil que expuso nuevos detalles sobre lo ocurrido y sobre el manejo de la denuncia. La repercusión llevó a reabrir la investigación penal y a designar a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como fiscal especial. Ninguno de los siete señalados había sido imputado penalmente por estos hechos al 12 de octubre de 2026. Reuters
Qué denunció la estudiante de Cornell
Según la demanda civil presentada el 16 de septiembre de 2026, Jane Doe había consumido alcohol antes de llegar a la casa de la fraternidad Chi Phi, a la que había sido invitada por uno de sus integrantes.
La joven sostuvo que allí bebió más alcohol y que fue presionada para consumir ketamina y marihuana. De acuerdo con su relato, su estado se deterioró hasta quedar prácticamente incapacitada.
La denuncia sostiene que, durante la noche, varios hombres ingresaron a la habitación y participaron de los abusos sexuales. Los siete integrantes señalados fueron demandados por la estudiante, que también cuestionó la respuesta de la universidad y de otras personas e instituciones involucradas.
Entre los elementos que generaron repercusión aparecen mensajes intercambiados por integrantes de la fraternidad en Snapchat. Según documentos revisados por medios estadounidenses, en el grupo se compartieron referencias a la joven y mensajes que alentaban a otros miembros a subir a la habitación.
Los señalados no fueron condenados por los hechos. Algunos, a través de sus abogados, negaron las acusaciones y sostuvieron que las relaciones sexuales habían sido consentidas. CBS News
Las sanciones que aplicó la universidad
Tras la denuncia, Cornell realizó una investigación disciplinaria que incluyó entrevistas a decenas de testigos y al menos 12 jornadas de audiencias.
El procedimiento terminó con dos expulsiones y dos suspensiones de al menos dos semestres. Otro estudiante ya se había graduado cuando concluyó la investigación, mientras que dos fueron considerados no responsables de una infracción sexual, según los registros difundidos por la prensa estadounidense.
La universidad también cerró la sede de Chi Phi y expulsó a la fraternidad del campus.
Sin embargo, las medidas internas no dieron lugar a una causa penal con imputaciones. La diferencia entre las sanciones universitarias y la falta de cargos judiciales se convirtió en uno de los principales puntos de discusión tras la presentación de la demanda civil.
En medio de las críticas, Cornell anunció una revisión independiente de su respuesta institucional. Para esa tarea contrató a Sally Yates, exsubsecretaria de Justicia de Estados Unidos, quien deberá examinar cómo la universidad previene y aborda las denuncias de violencia sexual. Reuters
Las dudas sobre la investigación penal
Uno de los puntos centrales del escándalo es la información que recibió originalmente la fiscalía del condado de Tompkins, en el estado de Nueva York.
El fiscal Matthew Van Houten explicó que la declaración jurada que llegó a su oficina no describía una violación grupal ni afirmaba que la joven hubiera sido drogada contra su voluntad. Según su versión, el documento presentaba el consumo de sustancias y la actividad sexual como voluntarios.
Sin embargo, documentos difundidos posteriormente mostraron que, durante una entrevista con la policía universitaria, la estudiante había expresado su convicción de que había sido violada. El fiscal afirmó que no había visto esa transcripción antes de que el caso adquiriera repercusión pública.
La Policía de Cornell sostuvo, por su parte, que había remitido a la fiscalía la declaración jurada de la joven y una captura de los mensajes de Snapchat. La diferencia entre ambas versiones puso bajo la lupa la comunicación entre los investigadores y el fiscal.
Tras la difusión de esos antecedentes, Van Houten anunció que reabriría la investigación y que la evidencia sería presentada ante un gran jurado para evaluar si correspondía avanzar con cargos penales.
La intervención de la fiscal general de Nueva York
El 1 de octubre, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para hacerse cargo de la investigación. La decisión llegó después de que la gobernadora cuestionara el manejo inicial de la causa por parte de las autoridades locales.
La intervención desplazó a la fiscalía del condado de Tompkins de la conducción del caso. James y su equipo comenzaron a revisar los antecedentes para determinar los próximos pasos, mientras Cornell avanzó con su propia evaluación institucional.
La designación también generó una nueva disputa legal. Gillio Lopes, uno de los siete hombres señalados en la demanda civil, presentó una petición para que James sea apartada de la investigación. Su defensa argumentó que una publicación de la funcionaria en redes sociales, en la que expresó su apoyo a la denunciante, demostraba un supuesto sesgo previo.
James, por medio de su oficina, sostuvo que la investigación será exhaustiva e independiente y que estará guiada por los hechos y la ley. La presentación de Lopes no equivale a una decisión judicial sobre la continuidad de la fiscal especial. People
Un caso que generó protestas y nuevas denuncias de hostigamiento
La controversia provocó manifestaciones de estudiantes y organizaciones que reclaman una respuesta más firme frente a la violencia sexual en los campus universitarios. Las protestas también pusieron el foco en los mecanismos de denuncia y en la responsabilidad de las instituciones educativas.
El abogado de Jane Doe, Thomas Giuffra, afirmó que su clienta recibió amenazas en internet para que retirara la demanda. Según su relato, otras mujeres identificadas erróneamente como la denunciante también fueron objeto de hostigamiento. Esas afirmaciones fueron difundidas por medios estadounidenses y no deben confundirse con una determinación judicial sobre la responsabilidad de los involucrados. People
Mientras continúa la investigación penal y avanza la demanda civil, el caso mantiene bajo escrutinio a Cornell, a la policía universitaria y a las autoridades que evaluaron inicialmente la denuncia.
Por el momento, no hay condenas ni cargos penales contra los siete hombres señalados. La investigación deberá determinar qué ocurrió durante la fiesta de octubre de 2024, qué información recibió la fiscalía y si existen elementos suficientes para presentar acusaciones ante la Justicia.
