El vicerrector de la UBA sostuvo que el Poder Ejecutivo reconoció un reclamo legítimo tras las masivas movilizaciones de la comunidad educativa. En paralelo, la Corte Suprema de Justicia le asestó un duro revés al oficialismo al rechazar sus pedidos de recusación en la causa por la Ley de Financiamiento.
La resolución de los conflictos presupuestarios en el ámbito de la educación superior suele combinar instancias de negociación paritaria con severas disputas en los estrados judiciales de la Nación. Cuando las autoridades universitarias logran arrancar compromisos de transferencia de fondos al Poder Ejecutivo, la validación del entendimiento se presenta apenas como un alivio temporal en medio de una discusión estructural por la recomposición del salario docente. Para las plataformas abocadas a desglosar la actualidad institucional bonaerense y nacional, pormenorizar el alcance de estos acuerdos cruzados con los fallos del máximo tribunal permite evaluar el verdadero estado de la gobernabilidad en el sector educativo.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, confirmó el alcance de un entendimiento económico con las autoridades nacionales, aunque advirtió de forma taxativa que las partidas asignadas resultan todavía «insuficientes» para el sector. Según el funcionario, el Gobierno nacional se vio forzado a reconocer un reclamo legítimo de toda la sociedad civil gracias al impacto de las masivas movilizaciones estudiantiles y al respaldo de los legisladores hacia la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, la tregua financiera en los despachos oficiales coincidió con un revés de proporciones institucionales para la Casa Rosada en los tribunales de justicia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de queja impulsado por el Poder Ejecutivo, el cual pretendía apartar a los magistrados federales que tramitan el amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el recorte de fondos.
El máximo tribunal desestimó de manera unánime las impugnaciones estatales que pretendían recusar a los jueces bajo el argumento de que ejercen la docencia en universidades públicas, ratificando el principio del juez natural en el expediente.
