El Ministerio de Economía analiza por estos días los lineamientos centrales de una profunda reforma tributaria que incluirá modificaciones estructurales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El objetivo oficial consiste en eliminar las actuales asimetrías del tributo —que hoy contempla tasas diferenciales del 10,5% y exenciones totales— para unificar el esquema en una sola alícuota general que rondaría entre el 18% y el 19%, en línea con las exigencias planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de cara a fines de 2026.
De concretarse la iniciativa que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Hacienda, productos de primera necesidad como el pan o la leche dejarían de tributar tarifas reducidas o estar exentos para pasar a pagar la misma carga impositiva que bienes de consumo general, como las bebidas azucaradas, que actualmente soportan la alícuota estándar del 21%.
Un esquema regresivo bajo la lupa técnica
Actualmente, el IVA representa el 27% de la recaudación total del país, constituyéndose como el tributo más importante de la estructura fiscal argentina. Sin embargo, el sistema genera pérdidas de recaudación estimadas en un 1,2% del PBI anual debido a su complejo entramado de excepciones y al llamado «gasto tributario».
Paradójicamente, los análisis económicos demuestran que el esquema actual mantiene un alto componente regresivo: los hogares pertenecientes al decil más pobre de la población destinan proporcionalmente más del doble de sus ingresos al pago de este impuesto en comparación con los sectores de mayor poder adquisitivo (2,11% frente a 0,81%). A esto se suma la crítica del FMI respecto a que las exenciones vigentes —como la compra de ciertos cortes de carne o alimentos— benefician por igual a consumidores de bajos recursos y a sectores de alto poder adquisitivo.
Hacia el IVA dual y la puja fiscal entre provincias
Uno de los ejes más debatidos en el equipo económico es la instrumentación de un IVA dual o compartido, un modelo respaldado tanto por el Ejecutivo como por el organismo multilateral. La propuesta contempla desglosar la alícuota teórica para que la Nación fije un porcentaje fijo (estimado en torno al 9%) y las provincias posean la potestad de administrar un margen suplementario.
Esta herramienta se diseñó con el fin último de propiciar una competencia fiscal entre los distritos subnacionales y desalentar el uso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, un gravamen fuertemente cuestionado por su efecto «en cascada» sobre la cadena de valor y la competitividad productiva. No obstante, para amortiguar el impacto sobre los sectores más vulnerables ante la eventual eliminación de tasas reducidas en la canasta básica, las recomendaciones técnicas contemplan complementarlo con transferencias directas de ingresos.
