El Ejecutivo presentó un recurso ante el juez Martín Cormick para revertir el plazo de cinco días otorgado para cumplir de manera integral con la cautelar. Sostienen que ya se transfirieron fondos y se aplicaron aumentos salariales, mientras los gremios reclaman una mayor recomposición.
La pulseada judicial entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que el Gobierno nacional decidiera apelar la intimación judicial que le exigía cumplir por completo con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La presentación formal fue interpuesta ante el juzgado a cargo de Martín Cormick, en respuesta a la resolución que había fijado un plazo de cinco días para acatar la medida bajo apercibimiento de aplicar multas diarias (astreintes). En el escrito, la Casa Rosada sostuvo que las obligaciones exigidas ya se encuentran cumplidas y adjuntó documentación para respaldar su postura, solicitando además que se revoque el apercibimiento y, en caso de un rechazo, se habilite una apelación con efecto suspensivo.
El núcleo de la controversia recae sobre los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, los cuales establecen pautas para la actualización salarial de los docentes y no docentes, así como la recomposición de los programas de becas estudiantiles. Desde el Ejecutivo argumentaron que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 acumulan un 226,8% y defendieron las negociaciones paritarias mantenidas a lo largo del año. No obstante, los gremios del sector rechazan ese balance y advierten que persiste una marcada pérdida en el poder adquisitivo. En paralelo al frente judicial, el Gobierno busca encauzar el diálogo con rectores y sindicatos en el marco del debate por el Presupuesto 2027, mientras el juez Cormick define los próximos pasos procesales.
Una disputa legal y presupuestaria que continúa latente en la agenda pública y a la espera de definiciones en los tribunales federales.
