Advierten que los cambios en la normativa limitarían la atención solo a diagnósticos psiquiátricos graves, excluyendo crisis emocionales y consumos problemáticos.
El proyecto de reforma del sistema de salud mental enviado por el Ejecutivo al Congreso encendió las alarmas de las autoridades provinciales y asociaciones médicas. Según denuncian desde la Asociación Argentina de Salud Mental, la propuesta elimina la garantía de financiamiento y endurece la burocracia para el acceso a tratamientos en un contexto de demanda creciente.
El punto de mayor fricción radica en la eliminación del artículo que obliga al Estado a destinar el 10% del presupuesto sanitario a la salud mental. «Lo llevan a cero», afirmó Alberto Trimboli, referente del sector. Asimismo, se cuestiona la exigencia de un diagnóstico psiquiátrico estricto para recibir atención, lo que dejaría sin cobertura a quienes atraviesan crisis subjetivas o problemas de consumo que no encuadren en cuadros psiquiátricos graves. La falta de psiquiatras en el interior del país también es señalada como una barrera que impediría cumplir con los nuevos requisitos de internación involuntaria.
La iniciativa será debatida en comisiones en los próximos días, mientras el sector se moviliza para evitar lo que consideran un retroceso histórico en materia de derechos humanos y salud pública.
